La Constitución del Principado de Andorra del 14 de marzo del 1993 garantiza la seguridad jurídica en el ejercicio de unos derechos fundamentales de las personas y los valores como la libertad, la justicia, la democracia y el progreso social.

Estos principios generales del derecho también están garantizados en el artículo 1 del Código de la Administración de Andorra: “El ordenamiento jurídico del Principado de Andorra se sujeta en los principios de legalidad, de jerarquía, de publicidad de las normas jurídicas, de no retroactividad de las disposiciones restrictivas de los derechos individuales que conlleven un efecto desfavorable o establezcan una sanción, de seguridad jurídica, de responsabilidad de los poderes públicos y de interdicción de toda arbitrariedad”.

Ofrecemos nuestro asesoramiento a empresas, particulares y administraciones en asuntos que requieran asesoría en derecho administrativo, o bien negociaciones o redacción de contratos administrativos. Podemos ayudarles en la redacción o revisión de contratos, asesorarles en sus operativas o bien acompañarlos en gestiones judiciales y/o extrajudiciales.

En caso de litigios con la administración (recursos en temas de inmigración, de derecho urbanístico o de construcción, para la obtención de la nacionalidad andorrana o bien, en general, para presentar recursos administrativos) nuestro bufete les puede asistir en todas las etapas, tanto en la fase administrativa previa, como ante los tribunales.

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